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LA JUEZA DOLLY FERNÁNDEZ: «ESTE VEREDICTO REFLEJA EL HARTAZGO SOCIAL EN CHACO»

16 noviembre, 2025 | Actualidad, Provinciales

La jueza Dolly Fernández, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia y quien presidió el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, aseguró que la histórica condena al clan Sena es consecuencia de un profundo cansancio social frente a años de abusos, privilegios y vínculos de poder .

En diálogo con TN, la magistrada sostuvo que el veredicto unánime del jurado popular «es el resultado de un hartazgo social», en un contexto donde los principales acusados «eran personas públicas, candidatos a posiciones políticas importantes» .

Fernández afirmó que el crimen fue «la gota que rebalsó el vaso» para una comunidad que durante años observó irregularidades vinculadas a la estructura de poder de la familia Sena«La gente dijo basta, hasta acá. Entendió que era algo más que la condena por un crimen aberrante contra una mujer» , expresó.

La jueza remarcó que alrededor del clan Sena existió «una estructura de apoyo y silencio» que permitió su funcionamiento durante largo tiempo«Hubo recursos del Estado mal utilizados. Muchas personas colaboraron para que eso ocurriera» , aseguró, al analizar el peso político y territorial que el grupo familiar tenía en Chaco.

También destacó la magnitud del proceso judicial: los fiscales condujeron una investigación extensa desde 2023 y el jurado popular debió analizar «cientos de pruebas y testimonios» antes de declarar culpables a seis de los siete imputados.

El veredicto se conoció tras más de un día de deliberación. César Sena fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito. Otros integrantes del entorno familiar recibieron condenas por encubrimiento, mientras que Griselda Reinoso fue absuelta.

El caso, ocurrido en junio de 2023, generó una movilización social inédita en Chaco y marcó un punto de inflexión en el reclamo por justicia, transparencia y responsabilidad estatal. Según Fernández, la sentencia no solo sanciona un crimen, sino que expone el rechazo social a «años de irregularidades y manejos ilícitos» vinculados a los condenados.

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