El Gobierno nacional prepara su estrategia legislativa para avanzar con el paquete de medidas anunciado por Javier Milei en torno a las Islas Malvinas. El objetivo de la Casa Rosada es acelerar su tratamiento en el Congreso y sostener el reclamo de soberanía en el centro de la discusión política.
Las iniciativas contemplan un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que exploren o exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El proyecto alcanzaría además a proveedores, accionistas y directivos vinculados con esas actividades.
El eje inmediato está puesto en el proyecto petrolero offshore Sea Lion , desarrollado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
La intención oficial es ampliar los alcances de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación nacional. De esta manera, las firmas relacionadas con operaciones no autorizadas cerca de Malvinas tampoco podrían participar en proyectos dentro del territorio continental, como los desarrollados en Vaca Muerta.
El paquete incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encargado de definir una política transversal para la defensa de la soberanía y el territorio. Según el anuncio oficial, el organismo buscará coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, además de establecer lineamientos para proteger la infraestructura crítica y los espacios marítimo y aeroespacial.
En paralelo, el Ejecutivo publicó los decretos 867 y 868, relacionados con el financiamiento de Defensa y la aplicación de sanciones a empresas que operen en las zonas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La Casa Rosada deberá conseguir respaldo parlamentario para ratificar las disposiciones que requieren la intervención del Congreso.
Milei dispuso además destinar alrededor de $200000 millones a la base naval de Ushuaia y a la base Petrel, ubicada en la Antártida. La decisión forma parte de la estrategia oficial para ampliar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
El escenario legislativo todavía presenta interrogantes. Una vez ingresadas las propuestas, el oficialismo deberá acordar con otros bloques un tratamiento rápido en medio de una agenda que incluye proyectos económicos y una eventual reforma electoral.
Desde el peronismo anticiparon que las iniciativas deberán analizarse, al menos, en las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. La oposición pretende conocer los alcances del nuevo Consejo de Seguridad Nacional y el origen de los recursos destinados a la construcción de la base naval en Ushuaia.
La estrategia se desarrolla además en un contexto de renovada tensión diplomática con el Reino Unido. Tras los anuncios de Milei, autoridades británicas reafirmaron su posición sobre las islas y calificaron como «absoluto e inquebrantable» su compromiso con el archipiélago.
Con sus anuncios, el Gobierno consiguió instalar la cuestión Malvinas en la agenda política. El próximo paso dependerá de su capacidad para reunir los votos necesarios y lograr que el Congreso priorice el tratamiento de las medidas.
