«Notificar a los querellados Claudio Bonadio, Elisa Carrió, Paula Oliveto Lago y Mariana de Jesús Zuvic en los términos de los artículos 73 y 279 del Código Procesal Penal haciéndoles saber de su derecho a presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes», estableció el magistrado.

Mediante una resolución, el juez dio respuesta a un pedido de la Cámara Federal de Mar del Plata para que adecúe el objeto procesal de la investigación.

Ramos Padilla recordó que se investigan 31 operaciones de inteligencia ilegal y en la misma resolución informó que del expediente surge que Bonadio y las dirigentes oficialistas están imputados: de esta manera les hace saber de la denuncia por si deciden presentarse a declarar en Dolores, haciendo uso de los derechos previstos en la legislación vigente.

Además, señaló que hay más funcionarios públicos involucrados en la supuesta asociación ilícita que investiga: «A partir de prueba reunida, aparecen involucradas muchas otras personas – algunos de ellos funcionarios públicos-, cuyo examen y valoración excede el análisis formal que se pretende realizar en esta resolución, a quienes –al igual que los imputados y querellados formalmente- debe garantizársele la posibilidad de realizar las aclaraciones que estimen pertinentes, indicar pruebas que a su juicio puedan ser útiles, designar abogado y en definitiva ejercer del modo más amplió sus derechos».

«No se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico aprovechándose de sus contactos con actores desprevenidos o ingenuos», sino que «se estaría frente a un grupo de personas que llevó adelante acciones que afectan instituciones de nuestro sistema democrático», advirtió el juez federal de Dolores.

Mientras tanto, D´Alessio permanecía en los Tribunales de Dolores para ampliar su declaración indagatoria ante la acusación de lavado de dinero, según indicaron fuentes judiciales a NA.