Ocho gobernadores confirmaron que lo harán.

El beneficio del bono de fin de año que otorgará el Gobierno Nacional alcanza diferencias según sectores y jurisdicciones. Solo ocho provincias anunciaron que podrán afrontar ese pago para sus trabajadores públicos.

En los últimos días se oficializó por decreto del Poder Ejecutivo Nacional la instrumentación de un bono extraordinario de fin de año de $5000 para trabajadores formales del sector privado, a pagar con los salarios de noviembre y enero, es decir en diciembre la primera cuota y en febrero la segunda.

Apenas se realizó el anuncio a nivel nacional surgió la pregunta sobre su alcance a los empleados públicos de cada provincia. Hasta el momento, son más las gobernaciones que no se plegarán al pago del bono que las que lo harán.

De acuerdo a un relevamiento, las que lo pagarán serán Río Negro ($3500), Misiones y La Rioja ($4000), Formosa ($5000), La Pampa y Tierra del Fuego ($6000), San Luis ($9000) y Santiago del Estero ($10 000).

Otras trece provincias ya oficializaron que no abonarán ese plus salarial a sus empleados, pero en el caso de Santa Fe, Mendoza, San Juan y Tucumán tienen cláusulas gatillo en sus negociaciones salariales públicas por lo cual podría actualizarse el aumento paritario. Tres jurisdicciones podrían evaluar si sus posibilidades financieras les permitirían afrontar el bono: la Ciudad, Buenos Aires y Córdoba.

Para estos últimos tres casos, el informe de Fundación Mediterránea afirmó que «a mayor déficit fiscal, más incidencia sobre el gasto público y/o mayor reajuste previo de salarios, menores chances para el pago de un bono».

El reporte también precisó que en el plano social, para los cuatro millones de beneficios por la Asignación Universal por Hijo, se anunció un plus de 3.000 pesos, pagadero en setiembre y diciembre.

«Habría que evaluar un refuerzo de 2.000 pesos para este universo, al igual que para el caso focalizado de titulares de una jubilación o pensión contributiva dentro del haber mínimo, que suman 1,3 millones de personas, considerando aquellos que no accedieron al sistema a través de una moratoria», agregaron.