La causa conocida en Chaco como la de los narcopolicías dio un paso clave rumbo al juicio. Los fiscales federales Patricio Nicolás Sabadini y Ruth Hilgenberg formularon la acusación contra ocho integrantes de la Policía provincial y solicitaron penas que van desde los 8 hasta los 15 años de prisión, según el grado de participación que atribuyen a cada uno.
La presentación fue realizada en el marco del Legajo COIRON N° 239410/2025, caratulado «Urne Canteros, Néstor Ariel y otros s/ infracción Ley 23.737», que tramita en el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia.
La investigación tiene su origen en un episodio ocurrido el 18 de diciembre de 2025 durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en la zona de Colonia Benítez. Según la acusación fiscal, efectivos que debían participar de la custodia y destrucción de la droga habrían sustraído parte del cargamento para posteriormente introducirlo en el mercado ilegal.
La pena más elevada fue solicitada para el comisario Rubén Héctor César Alegre: 15 años de prisión, 90 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. La Fiscalía lo considera organizador de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de funcionario público, en concurso con el delito de peculado.
Para el subcomisario Franco Andrés Ramírez, el Ministerio Público pidió 12 años de prisión, 50 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
En tanto, para Gustavo Andrés Quizama, Néstor Ariel Urne Canteros y Juan Nicolás Almirón Núñez fueron solicitados 11 años de prisión para cada uno, además de 50 unidades fijas de multa e inhabilitación.
Finalmente, para Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, la acusación pidió 8 años de prisión para cada uno, junto con multas de 50 unidades fijas e inhabilitación absoluta.
En términos generales, la Fiscalía atribuye a Ramírez, Quizama, Urne Canteros, Almirón Núñez y Acosta la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la cantidad de participantes y por su condición de funcionarios públicos, además del delito de malversación. En el caso de Villalba y García, la acusación por tenencia con fines de comercialización también está agravada por esos dos factores.
