Expresó su repudio ante este intento de «habilitar la homicida práctica de los abortos provocados» y consideró una «hipocresía» querer compensarlo con el «Plan de los Mil Días».
La Red Federal de Familias (RFF) expresó su repudió por el intento de “habilitar la homicida práctica de los abortos provocados”, tras conocerse el envío del proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso, y calificó de hipocresía que se quiera “compensar” esa iniciativa con el proyecto de creación del «Plan de los Mil Días».
La entidad recordó también que desde 2010 propicia en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para asistir, de manera integral, a la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad y a su hijo por nacer. Una iniciativa que, enfatizó, tiene “un espíritu completamente distinto” a la del Gobierno nacional.
La RFF expresó su posición en una declaración titulada «El Estado no debe avalar la matanza de niños inocentes», difundida a través del boletín Notivida.
Texto de la declaración
Según acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo enviará hoy al Congreso un nuevo proyecto de ley de «interrupción voluntaria del embarazo», a fin de habilitar la homicida práctica de abortos provocados. Según la especie, el proyecto será acompañado de otro, llamado «Plan de los Mil Días», destinado a acompañar a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los tres años de edad.
Con esta engañosa estrategia, lo que se buscaría es presentar una especie de falso «equilibrio», «compensación» o «complementariedad» entre una y otra iniciativas.
Frente a ello corresponde recordar que:
1. El respeto absoluto por la vida de todo ser humano inocente es condición de legitimidad y sustento de todo ordenamiento social, político y jurídico.
Nadie -ni siquiera el Estado- puede matar u obligar a matar, ni fomentar o permitir que se mate a seres humanos inocentes e indefensos, como lo son las personas por nacer.
Por esta razón, el aborto provocado, acto intrínsecamente injusto, de máxima crueldad y cobardía, en el que se procura la muerte de un inocente que no puede defenderse por sí mismo, destruye las bases mismas de la convivencia social, y no puede ser jamás aceptado por una Nación civilizada.
2. El ordenamiento jurídico constitucional argentino protege, sin excepciones, ni cortapisas, el derecho a la vida de todo niño, nacido o por nacer, desde el instante de su concepción.
Baste recordar, en este sentido, las terminantes y expresas disposiciones del artículo 2 de la Ley N° 23.849, la consecuente declaración argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y el artículo 6.1 de dicho instrumento internacional que, en las condiciones de su vigencia, goza de jerarquía constitucional en la Argentina (conf. Art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional).
Asimismo, y conforme se desprende de la conjugación de esas normas con el artículo 6.2 de la citada Convención, también desde el instante de la concepción el Estado argentino se encuentra obligado a garantizar, en la máxima medida posible, la supervivencia y desarrollo de todo niño.
De esta manera, resulta inaceptable e imposible – jurídicamente hablando– que los poderes constituidos se alcen contra el orden constitucional, dictando disposiciones inferiores, directamente contrarias a sus principios de derecho público.
3. Una especial mención merece el hipócrita envío conjunto del proyecto llamado «Plan de los Mil Días».
Primero, porque no puede pensarse en un honesto «equilibrio», «compensación» o «complementariedad», que comprenda disposiciones legales que propician la muerte aleve y provocada de seres humanos inocentes.
Por otro lado, y en relación al alegado interés de acompañar a las mujeres embarazadas y a los niños, hacemos presente que, desde el año 2010 la Red Federal de Familias ha propiciado específicos proyectos de ley que, con un espíritu completamente distinto, se ordenaron a que, de manera integral, se asista a la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad y a su hijo por nacer.
4. Como muchas veces se ha dicho, la Argentina es un país «enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente despoblado”.
De allí que, también por esos motivos necesite imperiosamente conservar, proteger y aumentar su población, en aras del cabal cumplimiento de su destino soberano.
Contra ello, indudablemente, conspiran iniciativas como las de promoción del aborto que, impulsadas desde centros de poder internacional comprometidos con el llamado «Nuevo Orden Mundial», se ordenan a debilitar las soberanías nacionales y, de esta manera, controlar férrea e inescrupulosamente los recursos del planeta.
Por todo lo hasta aquí expresado, la Red Federal de Familias, por medio de su Junta Ejecutiva Federal declara:
Primero: Su más enérgico repudio a que en la Argentina, una vez más, se intente legislar en favor del nefando crimen del aborto, y en contra del derecho a la vida de todos los habitantes de la Nación, nacidos o por nacer, que, de manera indudable, se encuentra consagrado en disposiciones de jerarquía constitucional.
El aborto provocado es un acto injusto de máxima crueldad y cobardía, por medio del cual se elimina a un ser humano inocente e indefenso.
Segundo: Que esta índole de proyectos tributarios de la «Cultura de la Muerte», obedecen a los dictados del llamado «Nuevo Orden Mundial» y contrarían directamente los más altos intereses de la Patria.
Tercero: Exhorta a todos los hombres y mujeres de bien que habitan la Nación Argentina, a oponerse activamente al progreso de estas nuevas intentonas ordenadas a la matanza de inocentes y a despoblar nuestro suelo.
Cuarto: Exhorta a los Señores Legisladores a suscribir y dar tratamiento y aprobación al Proyecto de Ley de Protección Integral de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer, registrado en la H. Cámara de Diputados de la Nación bajo el número 33-D-2020.
