La medida fue ordenada por la Justicia federal en el marco de una causa que analiza la colocación de más de $1.800 millones en instrumentos financieros de riesgo. Mientras se secuestra documentación y dispositivos, los recursos ya fueron embargados y transferidos a una cuenta judicial para garantizar su resguardo e integridad.
La investigación por las inversiones financieras realizadas con fondos del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó este martes un nuevo capítulo. Por orden de la jueza Zunilda Niremperger, la Justicia federal avanzó con allanamientos en la Bolsa de Comercio del Chaco, en la Municipalidad de Sáenz Peña y en dependencias de la localidad de Charata. Las medidas fueron ejecutadas por la Fiscalía Federal junto a la Policía Federal Argentina.
Según la presentación judicial, el Municipio habría invertido fondos públicos en instrumentos financieros no garantizados a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, luego de modificar su perfil inversor para habilitar operaciones de mayor riesgo. La denuncia sostiene que no existía una partida presupuestaria específica ni ordenanza que autorizara esas colocaciones.
En el expediente se menciona al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y al secretario de Gobierno Diego Landriscina, bajo la hipótesis de posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
El embargo y el depósito de los fondos
Mientras avanza la investigación penal, existe otro frente judicial: la medida cautelar promovida por la Municipalidad de Sáenz Peña.
La Justicia hizo lugar a esa acción días atrás y ordenó un embargo preventivo por $1.890.691.105,07. La resolución dispuso la retención de los fondos y su transferencia a una cuenta judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.
En ese marco, la Bolsa de Comercio del Chaco informó que ya depositó los fondos y los puso a disposición del juzgado interviniente. El reciente depósito se inscribe dentro del proceso en curso y constituye un paso en la ejecución de lo ordenado por el tribunal.
Los recursos municipales se encuentran actualmente bajo la órbita del juzgado, lo que asegura su resguardo e integridad, independientemente de cualquier situación vinculada a terceros inversores. El fallo además prevé que la eventual restitución deberá realizarse con los intereses correspondientes, con el objetivo de proteger de manera integral el patrimonio público.
Desde la Municipalidad de Sáenz Peña indicaron que continuarán impulsando las acciones necesarias hasta lograr el recupero total y definitivo de los recursos, mientras la investigación federal busca determinar si en el origen de las operatorias existieron responsabilidades penales.
