Tras la última sesión ordinaria, desde el Concejo de Charata ambos bloques trabajaron por un proyecto que viene de ser presentado desde provincia para adherir a la Ley provincial 4197 G, promulgada en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.

Se trata de un examen toxicológico obligatorio para el ejercicio de la función pública en toda la provincia.

Este proyecto fue presentado por el bloque opositor, pero recibió la adhesión unánime del Concejo. De esta manera, decidieron invitar al médico forense, que se va a encargar de hacer después los exámenes.

El miércoles se realizó una reunión extraordinaria en comisión y se convocó a la extraordinaria para el lunes 22, que cerraría el año tratando de aprobar esta adhesión, con todos los cambios que habría que hacer, ya que el proyecto busca ser extensivo a los directores y jefes de cada área, no solamente a los funcionarios.

¿Qué dice la Ley?

La Ley 4197-G establece controles toxicológicos obligatorios y anuales para todos los funcionarios y autoridades de los tres Poderes del Estado, organismos constitucionales y municipales, ya que busca transparencia y responsabilidad pública.

Los estudios, a cargo del Laboratorio Central y el Imcif, deben ser costeados por cada funcionario y apuntan a detectar el consumo de sustancias ilegales, aplicando medidas administrativas si resultan positivos, todo bajo garantías constitucionales y con derecho a defensa.

Esta Ley incluye al gobernador, ministros, legisladores, jueces, fiscales, intendentes, concejales, y autoridades de organismos como la Defensoría del Pueblo, entre otros. La frecuencia de los exámenes iniciales es en los primeros dos meses de vigencia y renovaciones anuales. Sin dudas, habrá que ver cómo se presenta el proyecto final en el Concejo municipal de Charata, que -de entrada- adelantó que se va a adherir a la Ley provincial.

Fuente: Diario Norte