Ahora volvió a quedar en funcionamiento el texto original de la Ley 25.764, que establece las medidas para preservar «la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física».
Con la firma de un DNU, el Gobierno derogó hoy el decreto por medio del cual la gestión de Mauricio Macri había creado la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y volvió a quedar vigente el texto original de la ley de 2003.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dio de baja el 795/2019, que había rubricado el anterior jefe de Estado y su Gabinete a finales de noviembre pasado.
En el texto derogado se modificaba la Ley 25.764 y en lugar del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se creaba una Agencia Nacional para tal fin.
Además el gobierno hará «una tarea de revisión» de cómo funcionó el programa de protección de testigos durante la gestión anterior. El número dos del Ministerio de Justicia remarcó que durante el Gobierno de Macri «durante cuatro años gestionaron con el programa en su configuración original sin ningún problema».
El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, subrayó hoy que, tras la derogación del DNU de Mauricio Macri que modificaba el sistema de protección de testigos, el Gobierno comenzará «una tarea de revisión» del funcionamiento del Programa durante la anterior gestión, ya que advirtió que el funcionamiento fue «bastante irregular».
«Advertimos que el DNU firmado por Macri no tenía ningún requisito de necesidad ni de urgencia. No había ningún tipo de justificación técnica ni jurídica que fundamentara la medida», sostuvo el funcionario nacional.
En diálogo con Radio 10, el integrante de la cartera conducida por Marcela Losardo señaló que la creación de una Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, como un «ente autárquico dotado de autonomía funcional», «afectaba la operatividad y la confidencialidad que tiene que tener el Programa».
