“Pasaron de una posición ajustada a derecho a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa y perjudicaba al Estado”, explicó el fiscal Pollicita

El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria del ministro de Defensa, Oscar Aguad, por el acuerdo al que llegó cuando era titular de la cartera de Comunicación para reducir una millonaria deuda que tenía Correo Argentino, empresa de la familia Macri, con el Estado argentino.

Además del ministro Aguad, el fiscal pidió la indagatoria de Juan Manuel Mocoroa, que trabajó en Asuntos Jurídicos del exministerio de Comunicaciones; Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo; y Jaime Kleidermacher, asesor letrado.

En la descripción de los hechos, el fiscal afirmó que el entonces ministro Aguad impartió instrucciones al director de Asuntos Jurídicos (Mocoroa) para llevar adelante el acuerdo con el Correo Argentino.

“Pasaron de una posición ajustada a derecho a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales”, detalló Pollicita y aseguró que “existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción”.

Pollicita tomó como pruebas distintos elementos que habían sido aportados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En primer lugar, una nota interna que revelaba que el ministro Aguad ya conocía la oferta que el Correo Argentino realizaría para saldar su deuda con el Estado tres semanas antes de que la empresa de la familia Macri presentara los papeles ante la Justicia.

“Los actos administrativos que se sucedieron la forma mediante la cual los imputados buscaron dotar de aparente legalidad a aquello que constituía un acuerdo perjudicial en el que el Estado se sometía solapadamente a la voluntad de pago de la sociedad”, sostuvo.

La quita total de la deuda que debía cobrar al Estado en la propuesta aceptada por Aguad -después de estallar el escándalo, el Gobierno decidió dar marcha atrás- era superior al 98% de acuerdo a un análisis realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financieros, “porcentajes que, por grotescos, corren a la concertación de cualquier margen de razonabilidad y obligan a otorgarle carácter de abusiva”, concluyó el fiscal.